Publicado por Ismael Leon en 13 Mayo, 2008
Limeños desinformados, perjudicados y fastidiados
Escribe Ismael León Arias
La lógica es al pensamiento de Alan García y Luis Alva Castro algo tan extraño como puede ser un violín para una manada de monos. Por eso la organización de la V Cumbre ALC-UE ha transformado cinco días de la vida de los limeños en un desastre, igual que si un fin de semana fuéramos a escuchar música clásica tocada por los ocupantes del Parque de las Leyendas.
Vamos por partes. Organizar una cumbre mundial es enfrentarse a un problema político de grandes dimensiones, no a un conflicto vecinal con tintes policiales. Por ignorar este principio fundamental los apristas han adoptado el mismo enfoque que tendrían la CIA, la antigua KGB o el alcalde Castañeda, sin dirección política. Como en un país bananero.
En ese sentido García ha convertido aspectos centrales de un foro cuya agenda es el desarrollo y la preservación del medio ambiente, en un problema de cierre de calles y avenidas y hostigamiento a los ciudadanos. En lugar de proteger y aislar a los actores y extras de la reunión, han decidido que el problema somos los peruanos. Y ya empezaron a jodernos la vida.
Como periodista he cubierto una asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York y una cita mundial de respaldo al pueblo saharahui, en África del norte, entre Argelia y Marruecos. En ambos casos las reuniones se hicieron normalmente, sin afectar en nada la vida de los vecinos. Y eso que a la asamblea anual de la ONU concurren gobernantes de todo el mundo, como al desierto del Sahara fuimos 200 periodistas, entre ellos Manuel Jesús Orbegozo, y dos mil políticos, como Alfonso Barrantes, entonces presidente de Izquierda Unida y Sandro Mariátegui, presidente del Senado peruano.
En otra ocasión, el año 2004 y sólo por coincidencia, estuve en Guadalajara, México, cuando tenía lugar en esa ciudad la tercera Cumbre ALC-UE. Pude recorrer esa hermosa ciudad sin ningún contratiempo. Y de puro curioso hasta asistí a una reunión informativa para turistas, en la que jóvenes escolares mexicanos de uno y otro sexo, muy bien preparados y vestidos con sus coloridos uniformes, nos decían qué ocurría, cuál era la agenda, cuántos los delegados y qué comían y bebían.
Policías en acción.
Aquí la impericia de los gobernantes viene resultando fatal. Encuestas periodísticas confirman que la mayoría de la población no entiende nada de la Cumbre, no tiene ni idea de qué se trata. Lo único que sabe es que hay tres días de descanso obligatorio que después tendrán que reponer y que no se puede transitar ni a pie ni en auto en casi toda la ciudad. Y en el colmo, a los escolares también les han impuesto vacaciones inútiles.
El gobierno no se ha preocupado de informar qué cosa está en juego, para qué se ha hecho esta cumbre y las cuatro anteriores. ¿Todos los políticos que vienen son nuestros aliados y debemos confiar en ellos?, ¿qué relación tiene este cónclave –si es que la tiene- con la conferencia de APEC que se hará a fines de año también en Lima?
Veamos un aspecto central. ¿Nos conviene buscar Acuerdos de Asociación Comercial con Europa, solos como país o como parte que somos de la Comunidad Andina, teniendo de nuestro lado a Colombia, Ecuador y Bolivia? En otras palabras, ¿negociamos aislados o del brazo de nuestros vecinos?
En lugar de eso escuchamos a diario al presidente amenazando a los periodistas, al ministro del Interior informándonos que serán 13 mil los policías encargados de la seguridad y al jefe de la Policía Nacional –ese bigotón abusivo que viajó hasta Tumbes para detener a Melisa Patiño- parloteando en torno a los 22 cortes y desvíos de las principales avenidas limeñas.
Mientras tanto en la UNI se preparan para recibir a los delegados de la Cumbre Alternativa organizada contra la voluntad del gobierno. Allí vienen ofreciendo más información casi sin recursos. Y periodísticamente promete ser más atractiva, aunque sólo sea por la diferencia de criterios de sus organizadores. En la Alternativa han pensado como políticos; en Palacio les ha salido otra vez aquel gorila chocón cruzado con cotorra.
Lima, 13 de mayo 2008
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Publicado por Ismael Leon en 26 Septiembre, 2007
Ismael León Arias
Por antecedentes y de acuerdo con su perfil moral y político, el alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, resulta el primer sospechoso de autoría intelectual del atentado contra “El Ojo que llora”, el monumento a las víctimas del terrorismo que el lunes 24 amaneció destruido y pintarrajeado.
Recuérdese que el 15 de enero de este año Ocrospoma impulsó y publicitó un controvertido pedido al premier Jorge del Castillo, para que retire el cenotafio de la Alameda de la Memoria, en el Campo de Marte. Alegó entonces “los terroristas no merecen homenaje alguno y sus nombres no deben estar en mi distrito”.
En un acto que horas después fue respondido por los responsables de la Comisión de la Verdad, diversos intelectuales y numerosos vecinos, Ocrospoma anunció inclusive que pediría al gobierno que los 200 mil soles destinados a la ampliación de la Alameda sean destinados a construir un parque infantil.
Meses después- en setiembre de este año- un programa de televisión informó que cuando fue Secretario General del Concejo, Ocrospoma fue denunciado por haber recibido una coima de 50 mil dólares de una empresa de servicios, a cambio de no seguir cuestionando un pretendido contrato.
La revelación la hizo el programa Cuarto Poder y el denunciante fue Rodolfo Bertozzi, gerente de la firma INNTEC, quien precisó que Ocrospoma presionó a la señora Ana Mendoza, dueña de la firma, para favorecerla en una licitación que disputaba. Esta acusación está en curso en el Poder Judicial.
Monumento desprotegido
Estos antecedentes hacen el perfil moral de un alcalde que debe ser investigado como primer sospechoso de autoría intelectual en el atentado contra el monumento a la memoria de las víctimas del terrorismo, homenaje que a Ocrospoma le parece odioso e incómodo y que el día del atentado dejó desprotegido.
El cargo de receptación de coimas es sólo un elemento más, un antecedente para cualquier investigación, porque abona en la tesis de que nos encontramos ante un fujimorista militante, infiltrado en las filas de la derechista Unidad Nacional.
26 de Setiembre 2007
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Publicado por Ismael Leon en 12 Junio, 2007
Por Ismael León Arias
¿Por que extraña razón los señores Alejandro Henry Gubbins Granger y su hijo, Carlos Alejandro Gubbins Cox, dueños de la mina Casapalca, no fueron detenidos durante el reciente conflicto con sus trabajadores, desatendidos y burlados en sus derechos laborales durante cinco años por estos empresarios?
¿Por qué motivo el presidente Alan García se preocupa de castigar hasta la inhabilitación a los funcionarios que participen en huelgas, pero ni se le ocurre sancionar a los dueños de empresas que faltan a todas sus obligaciones y además “compran jueces”, como lo pregona con orgullo Gubbins padre?
En su momento los representantes de Casapalca dijeron que a ellos no les corresponde mejorar la situación laboral de los mineros, sino a las firmas contratistas. ¿Y acaso no hay una ley que prohíbe apelar a contratistas para contar con trabajadores cuyos servicios son permanentes, como los mineros?
¿Y con qué lógica Gubbins contrata servicios de trabajadores especializados con una compañía que apenas tiene seis (6) mil soles de capital para cumplir una actividad que requiere millones de dólares?
¿Los Gubbins sí pueden violar las leyes a su regalado gusto, pero los presidentes regionales o sus funcionarios, que en el futuro tomen parte en una huelga correrán el riesgo de ser inhabilitados?
Durante el conflicto de Casapalca, en el que hubo muertos y heridos, la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, reveló que la nula solvencia económica de los services confirmaba las denuncias de los trabajadores y la violación a la ley de intermediación laboral. Sin embargo, de los 1900 trabajadores de la mina Casapalca, 1700 lo hacen mediante “las contratas”. Los 200 que aparecen en la planilla hacen labores administrativas. El ministerio de Trabajo impuso a la minera una multa de 100 mil soles, que hasta el momento no ha sido pagada.
¿Qué ha ordenado el señor Alan García contra semejantes violadores de la ley?
Que se sepa nada, absolutamente nada.
Los Gubbins compraron la rica concesión de cobre, plata, plomo y zinc en abril de 1997, con la privatización de Centromín Perú. Debido al auge del precio de los minerales, el año 2005 Casapalca registró ingresos por más de 138 millones de soles, lo que representó un incremento del 33 por ciento en relación al 2004. Es casi seguro que en los últimos dos años la mina haya duplicado sus utilidades, si se considera la evolución de las ganancias en el sector.
¿Han repartido utilidades entre sus trabajadores los señores Gubbins? Ni un sol. ¿Ha ordenado el señor García Pérez que a estos empresarios y otros iguales a ellos les caiga el peso de la ley? No. Ni con el pétalo de una amonestación, probablemente porque se ahuyentaría a los inversionistas. Y eso es malo.
Pero que estafen a los mineros, que se burlen de su propia ministra la señora Pinilla, de muy digno comportamiento, eso no le preocupa al presidente García.
¿Cree el señor García que con decretos como el que acaba de emitir los trabajadores se van a asustar, van a dar marcha atrás en sus demandas desatendidas, en sus viejos reclamos hoy olvidados por un gobierno que les ha mentido desde el comienzo?
Con derecho para matar
Otra barbaridad cometida por el gobernante que ahora tenemos en Palacio, es haber exceptuado de responsabilidad penal a los policías y militares que en adelante ocasionen lesiones o muerte de personas con el uso de sus armas.
Ciertamente García Pérez tiene una fijación con la muerte. Recordemos que comenzó su mandato proponiéndonos ampliar la pena de muerte para los violadores de niños. Tal parece que lo hizo a modo de un test, para ver las reacciones de la población y de los organismos de derechos humanos. Por supuesto que encontró eco favorable en la jauría de ayayeros siempre disponibles para alentar medidas semejantes. Pero al escuchar y leer opiniones contrarias de mucho peso argumental, decidió callar. Hoy vuelve con el tema de la muerte, pero en la forma de un decreto irresponsable.
Absolutamente irresponsable, porque si antes de su primer año de gobierno, sin el decreto de marras, García ya puede contabilizar ocho (8) muertos en las calles, ¿cuántos más necesita para sentirse satisfecho cuando termine su infausto gobierno?
Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con los bloqueos de carreteras, provocados por multitudes alentadas a veces por políticos irresponsables. Pero hay que ver a todos los que están detrás. A todos. Y ocurre que con frecuencia encontraremos tipos como los Gubbins, que se han burlado cruelmente de los trabajadores y de las leyes durante muchos años. Son ellos quienes provocan desorden y desaliento. Entonces también hay que llevarlos al banquillo y sancionarlos, porque finalmente son los que provocan la violencia social. ¿O no?
¿Y qué pasa si un funcionario aprista comete un desatino y da curso a una ruptura? ¿Lo protegerán como a la congresista Tula Benitez?
Si el señor García y su gobierno mostraran alguna equidad, nadie diría nada. Pero ver como culpables sólo a los que están en un lado del conflicto, y no a los dueños del billete, es agravar ese enfrentamiento y hacerlo permanente.
Junio 2007
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