Silencio, elecciones, no hacer ruido

Al día siguiente del desabrido debate presidencial, los cinco candidatos comenzaron a invertir sin medida sus últimos argumentos y recursos. Físicamente se les vio agotados y anímicamente algunos llevaban la procesión por dentro. El martes, en Cajamarca, Ollanta Humala reverdeció su promesa de renegociar impuestos a las sobregancias mineras; por la noche, en la plaza Dos de Mayo, en Lima, prometió una severa ley anticorrupción. Alejandro Toledo, en Cusco, declaró sin rubor que el gas de Camisea será para el Perù; y medio en broma, medio en serio, aseguró que es mejor cholo conocido que cholo por conocer, poniéndose en un escenario de segunda vuelta; Kuczynski, en Arequipa, se autoproclamó ganador del debate y confió en el voto aprista; Castañeda se ofertó vía Facebook como antídoto contra el chavismo y negó ser una opción ya perdida; Keiko Fujimori, el martes, escapó a las preguntas sobre el golpe que 19 años atrás perpetró su padre.

Estamos pues en los preliminares del combate político definitivo, que será el 5 de junio, cuando se enfrenten en segunda vuelta los dos candidatos que este domingo ocupen los primeros lugares, uno de los cuales, si no hay sorpresas, será Humala. La pelea por el segundo lugar –hasta la última encuesta- será entre las derechas desunidas, pero con mucha plata. ¿Qué pasará en los siguientes 30 días? Es prematuro aventurar pronósticos, peor a la medida de los deseos.

Pero conviene recordar que la confrontación que se avecina va más allá de los candidatos. Estará en juego la satisfacción de expectativas muchas veces burladas; el fortalecimiento de un Estado que abandonó a los más pobres; la recuperación de su papel regulador en una economía social de mercado y entender que se puede educar bajo la sombra de un árbol, pero en paz y con buenos maestros. Lo que en cristiano significa pagar la deuda interna; recuperar la industria y generar empleos; revolucionar las aulas y castigar severamente la corrupción.

Es verdad que el debate del pasado domingo no satisfizo a nadie. Primero, porque los intereses eran distintos. Humala, como el corredor de fondo, graduó sus reacciones y cuidó su primer lugar en las encuestas, al precio de la opacidad. Toledo quiso recuperar a toda costa el terreno perdido en las últimas semanas y algo de eso consiguió. El Gringo intentó jugar al tío simpático pero desilusionó, inclusive a ciertos jóvenes, como se vio en las redes. La pobre Keiko debió pegarse al guión porque sin él se extravía. Y Castañeda confirmó lo que siempre fue, un hombre vacío con sonrisa incorporada.

Por supuesto saltaron las carencias. Ningún aspirante lucía caudal doctrinario; tampoco lengua rápida; ni siquiera gracia criolla para el anecdotario. Si una cualidad podemos exigirles a nuestros políticos de hoy, es que por lo menos tengan las manos limpias. Y allí identificamos a quienes las tienen aceitosas, más allá de las palabras y los gestos impostados. Pero son los que están y no hay más. Es todo lo que ha producido esta democracia avejentada. Porque los jóvenes talentosos, aquellos que en el pasado renovaban periódicamente la sangre de los partidos, han optado por la jubilación anticipada, hastiados de la política sin haberla ejercido.

Finalmente, muchos coincidieron en que el formato del debate no ayudó. El moderador pudo apelar a una sencilla demanda: “Señor, por favor, la pregunta está pendiente de su respuesta”. Pero no lo hizo porque así lo acordaron, una fórmula que no permitió iniciativas ni espontaneidad.

En algún momento nos preguntamos si viejos zorros del pasado, como Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaunde, Héctor Cornejo Chávez, Luis Bedoya Reyes o Alfonso Barrantes Lingán, se hubieran sometido a semejantes reglas.

Al día siguiente –cómo no- el Presidente Alan García no resistió la tentación de meter su cuchara. Con ese aire de quien lo sabe todo, criticó que algunos candidatos se limitaran a leer sus respuestas. No faltaba más, el político que tanto ha contribuido con la devaluación de la palabra, extrañó el cojudeo florido.

 Se fue Beatriz Merino

En verdad las de la campaña electoral en curso no fueron las únicas noticias, ni siquiera las más importantes. Una lectura cuidadosa de titulares nos recordó: “Beatriz Merino deja la Defensoría”; “Un muerto y 14 heridos por Tía María”; “Suspenden negociación de Camisea”.

Realmente lamentable el alejamiento de la titular de la Defensoría del Pueblo, el organismo público mejor calificado en todas las encuestas de opinión de los últimos años. En un Estado en el que los tres poderes padecen grave desaprobación ciudadana, el respeto por la Defensoría es el que supo ganarle a pulso la doctora Merino. Poco después de dejar el cargo, ella escribió en un diario local: “Hay algo que podríamos llamar ‘el olvido de nosotros mismos’ que, como una mala señal recorre todos los ámbitos del escenario actual. Creo en el progreso y en la libertad para alcanzarlo, pero me perturba continuamente la superficialidad de nuestras relaciones, la instrumentalización de las personas y cierta espeluznante velocidad que deshace las huellas de la experiencia humana y diluye los mejores pasajes de la memoria de la humanidad”.

Un modo elegante de lamentar la manipulación politiquera y sectaria en el manejo público, ese desdén por el saber ajeno, especialmente el de aquellos que caminan fuera de la manada; ese desprecio por la experiencia, que periódicamente conduce a las nuevas autoridades al abandono de lo que otros, antes, hicieron bien.

“Me preguntaba entonces, -escribió la doctora- si no habría que volver a la prédica del Renacimiento y reinstalar al ser humano en el centro de nuestros más caros empeños. (…). Continuó: “Si existe una palabra que revela de qué está hecha la Defensoría del Pueblo, esta es ‘humanidad’. (Hay) algo que debe ser valorado por todos, que toma el nombre de libertad, tolerancia, justicia o solidaridad, los grandes referentes axiológicos de nuestra existencia, y cobra vida en las acciones de defensa de las personas, especialmente de aquellas sombreadas por el olvido. En razón de ello, humanidad es, sobre todo, preocupación por el otro. Ese otro que no es sino yo mismo en una condición distinta, quizá analfabeto, quizá ciego, quizá preso, quizá niño o niña ultrajados hasta el espanto. Si no somos capaces de ingresar respetuosamente en el mundo de los otros y sentir sus tribulaciones y padecimientos como si fueran los nuestros, no habrá defensa posible”.

Apreciamos así el legado y la estatura moral de la funcionaria que los peruanos hemos perdido, por el cálculo irresponsable y desprecio al talento y la honradez; en suma, por ese ejercicio perverso del poder al que nos hemos habituado.

 Al día siguiente

Casi como consecuencia inevitable, poco después del alejamiento de la doctora Merino de la Defensoría, el gobierno volvió a ensangrentar un conflicto. Quince días de protestas en Islay, Moquegua, contra el proyecto minero Tía María, de la Southern, tuvo como saldo un joven muerto y 14 heridos, entre ellos tres policías.

Es verdad que los manifestantes bloqueaban la carretera a Mollendo, cuando un contingente policial intentó restablecer el tránsito por la fuerza. Y hubo un violento enfrentamiento con el saldo señalado. Pero el choque indignó a los pobladores de Mollendo y Matarani, que se sumaron a las protestas y cerraron el paso de todos los vehículos.

Aquí es preciso destacar algunos antecedentes del nuevo conflicto. Según el Instituto de Defensa Legal –IDL-, en noviembre 2010, cuando se intensificaban las protestas de numerosos agricultores, contra la inversión de Southern Copper y mientras otras empresas esperaban la aprobación de sus estudios de impacto ambiental (EIA), el ministro de Energía, Pedro Sánchez, ordenó contratar a un equipo de expertos de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos -UNOPS- a fin de que evalúen el de Tía María, junto a muchos otros.

La revisión, dijo Sánchez, permitiría la inversión en óptimas condiciones. El problema para Sánchez y la Southern, fue que el estudio de Tía María, por la UNOPS, fue en verdad riguroso. Arrojó por lo menos tres observaciones, tan serias como inesperadas para los interesados:

1.- El EIA no tenía estudio hidrogeológico, factor decisivo para detectar los impactos de la actividad minera.

2.- El agua para el proceso no provendría del mar, como se había prometido, sino de un estero, un lugar donde desemboca el río y se mezcla con el agua marina y resulta muy sensible para las especies que allí viven.

3.- Especialmente alarmante era la posibilidad de que Southern explotara oro, además del cobre, sin mencionar el método de extracción, algo fundamental porque este metal necesita mercurio para ser procesado.

 La cancelación

Cuando UNOPS estaba en la revisión final de su estudio, en medio del conflicto, el 3 de marzo, durante una reunión encabezada por Felipe Ramírez, funcionario de Energía y Minas, éste anunció, en nombre de Pedro Sánchez, la suspensión del convenio, aduciendo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no les otorgaba los fondos. En otras palabras, el gobierno pretextaba falta de dinero para no recibir el informe oficialmente ni comprometerse con sus recomendaciones.

Gran diferencia con la posición de meses atrás, cuando el mismo Sánchez se reunió con la representante regional de UNOPS para América Latina, María Vaeza, casi rogándole ayuda para agilizar la revisión de unos 400 expedientes pendientes. A mediados de marzo ese informe llegó a las manos de dirigentes del Frente de Defensa del Valle del Tambo, que ese mismo día  retomó las protestas, esta vez con el respaldo técnico de UNOPS.

El vicepresidente del Frente, Jaime de la Cruz, declaró a IDL-Reporteros que no levantarán la huelga hasta que se retire la concesión de Tía María a Southern. El miércoles 30 las protestas se extendieron hacia Arequipa, como rechazo al planteamiento oficial de suspender el proyecto por 90 días. Otra vez la sangre llegó al río durante este gobierno, incapaz de enfrentar conflictos sociales sin una pistola en la mano. La nueva víctima se llamaba Andrés Taype Choquepuma, tenía 22 años, era un agricultor del valle de Tambo y murió con una bala que le atravesó el tórax y le destrozó el hígado y un pulmón.

La Defensoría del Pueblo –ya sin la jefatura de la doctora Merino- se limitó a recordar a los manifestantes que bloquear caminos es un delito y anunció que su adjunto para la Prevención de Conflictos, Rolando Luque, se presentará en el lugar de los hechos para tratar, en el futuro, de encauzarlos de manera civilizada.

 Camisea en las mismas

En agosto del año pasado, cuando se hizo evidente la desventaja que significa para el país la exportación del gas de Camisea en las condiciones actuales, el gobierno encargó a Perupetro renegociar los contratos. Llegaron hasta promulgar dos decretos, mediante los cuales se exigía a la empresa estatal encaminarse hacia la recuperación del gas del lote 88, para que atienda al mercado interno. Y también se manifestó interés en mejorar las regalías por el gas del lote 56. ¿Qué pasó desde entonces? Es una pregunta que no puede responder el ministro Pedro Sánchez, uno de los menos calificados para representar intereses nacionales.

Ocurre que el Consorcio Camisea jamás aceptó ninguna contrapropuesta, sencillamente porque no le gusta la idea de la renegociación. Pero se allana a la situación con destreza y opera en el estilo local del hueveo, El problema es que la engañifa afecta al bolsillo de miles de peruanos, que no pueden conectarse al servicio doméstico, como tampoco los industriales.

Se equivocan si piensan que sólo el consorcio se burla del país al negarse a renegociar. En realidad en el gobierno tampoco hubo nunca ninguna voluntad de revisar nada. Los decretos fueron dados por García para ganar tiempo, enfriar el partido y esperar que venzan el cansancio y el olvido. Naturalmente, el cálculo pasa por la seguridad de que el gobierno que elegiremos en estos días mantendría el mismo juego y entonces no habría problemas. 

Ni el señor Daniel Saba –el más alto funcionario de Perupetro, ni los tagarotes de Pluspetrol tienen la mínima cortesía de informar en qué estado están las negociaciones, si en verdad existen. Una especulación que cae de madura es que los españoles esperan el resultado de las elecciones para decidirse por un camino. Si eso fuera así significaría que el actual gobierno ya no funciona, no existe por lo menos en Energía y Minas. ¿Cuál de esos jóvenes reporteros y reporteras que andan por allí se atrevería a lanzarle la pregunta al temible doctor García?

Sería muy bueno para el país saber a qué atenernos, porque salta a la vista que los decretos del gobierno y los anuncios de la renegociación de las exportaciones fueron sendas mentiras, calculadas para tener oxígeno seguro hasta el 10 de abril y de allí en adelante seguir jugando a las escondidas, hasta el 28 de julio.

 Por el voto de Lurigancho

El plan alanista de convertir a San Juan de Lurigancho en provincia de Lima con miras puramente electorales, estaba tan mal hecho que no resistió ningún análisis y debieron postergarlo hasta después de las elecciones. Pero sus promotores, atrincherados en el Congreso y ansiosos por la reelección, consiguieron la publicidad que buscaban y su comportamiento se verá después de la primera vuelta. Si Jorge Zumaeta, Mercedes Cabanillas y Jorge del Castillo consiguen reelegirse, insistirán en el proyecto. En caso contrario se olvidarán para siempre de San Juan de Lurigancho. Pero con la movida reforzaron su presencia política en el distrito más poblado del país, por encima del millón de habitantes.

El problema que no advirtieron los irresponsables promotores fue que en pocos días varios alcaldes del Cono Sur, con dirigentes igualmente aventureros, también se reunieron y de allí a demandar lo mismo al Congreso no hubo más que un paso. ¿Por qué solo San Juan de Lurigancho puede ser provincia?, preguntaban los pobladores a los periodistas. Apenas el bolondrón fue conocido, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, manifestó su explicable preocupación. Recordó los tiempos en que el municipio de Huarochirí concedía rutas a los combistas impedidos de obtenerlas legalmente en Lima. Muchos se preguntaron entonces si se podría controlar el caos en una ciudad presionada por dos nuevas provincias surgidas al calor de la demagogia y la improvisación.

Hablando de Lima, la alcaldesa anunció un plan para reordenar el transporte urbano, que de inmediato tuvo como respuesta la amenaza de los dueños de viejas custer y destartaladas combis, quienes exigieron la renovación automática de sus permisos… ¡por diez años! Ojo al parche, que detrás de estos tumultuosos sacha empresarios pueden estar representantes de poderosos intereses inmobiliarios, afectados por la pérdida de negocios que gozaron de protección durante la administración Castañeda Lossio.

Es de esperar que la administración Villarán asuma que la licitación de rutas sólo es parte de la solución a los problemas del tránsito. El servicio de taxis debe reducirse drásticamente, por ejemplo, con una razonable negociación que canjee retiros alternos durante la semana por compensaciones a los taxistas por la vía del SAT, paquetes comerciables del peaje, entradas al Parque de las Leyendas, museos y otros servicios administrados por el concejo provincial. Si hoy ruedan 200 mil vehículos con los que sobreviven igual número de desocupados, la mitad podría salir de circulación y los beneficios se percibirían de inmediato en la fluidez del tránsito, en un justo precio por el servicio… y en el humor de los limeños.