Prevista la buena pro del Terminal Norte del Callao para el 1ª de abril, a la fecha Proinversión no responde a los recursos de nulidad presentados ante Contraloría, pero tampoco contesta a OSITRAN y a los Sindicatos portuarios, por las graves objeciones contra las ilegalidades cometidas para vender contra el tiempo esa parte del puerto, reducir al mínimo a ENAPU y salirse con la suya. Responsables principales del operativo son los ministros Ismael Benavides y Enrique Cornejo, titulares de aquel organismo cuya dirección ejecutiva ejerce Jorge León Ballén.
Al conocerse la llamada Versión Final del Contrato y de las Bases de Concesión del también llamado Muelle 5, la Contraloría debe pronunciarse porque el citado documento pretende violar la Constitución en cuanto a soberanía portuaria, pasar por encima de la ley de creación de ENAPU y finalmente constituir un duopolio que encarecerá los servicios con perjuicio para el país y los empresarios.
OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura en Transporte de Uso Público) ha hecho un pronunciamiento puntual y preciso, contra el arbitraje que se pretende instaurar en el contrato de concesión, en casos de desacuerdos con sus opiniones técnicas. Dice OSITRAN:
“Al respecto es evidente que las opiniones que le son solicitadas por las partes al organismo regulador no pueden ser llevadas a arbitraje, al constituir este hecho un imposible jurídico, toda vez que OSITRAN no suscribe convenio arbitral alguno con las partes del contrato de Concesión”, dice el organismo regulador en documento suscrito por tres de sus gerentes, un asesor legal y cuatro altos funcionarios.
Agrega: “Resulta por demás cuestionable entender que mediante contrato se pueda desconocer funciones otorgadas por norma de rango legal a organismos públicos, dado que las funciones exclusivas de un organismo regulador no son aspectos de carácter disponible para las partes de una relación contractual. Por esa razón OSITRAN pide que la Versión Final del contrato de concesión precise expresamente que las materias que puedan ser objeto de arbitraje entre las partes, no incluyen las opiniones del Regulador.
“Sin perjuicio de ello, desde ya OSITRAN deja expresa constancia de su negativa en caso a futuro se le pretenda involucrar en procesos arbitrales que tengan como fin (cuestionar) cualquier forma de cumplimiento de las disposiciones y opiniones administrativas expedidas por el Organismo Regulador, en virtud al mérito de sus funciones otorgadas en su ley de creación. Tanto más si es que no ha consentido ni suscrito o intervenido expresa o tácitamente en cláusula arbitral alguna”, precisa.
Otros reparos que apuntan a la acelerada privatización, son de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos –ENAPU, cuyos dirigentes Ricardo Herrera Cornejo y Víctor Castillo Ríos, advierten que el gobierno de Alan García pretende vender el Muelle 5, de tal modo que la firma que gane la buena pro haga caja durante los tres primeros años con los 100 millones de soles de utilidad anual que obtiene ENAPU, dinero al que se sumará el incremento de las nuevas tarifas que impondrán, como en Paita.
Prevén los sindicalistas que se prepara la simulación de una competencia entre privados extranjeros, por lo que el contrato representa una transferencia de gestión y control del puerto del Callao, que afectará seriamente a los usuarios y al Estado peruano.
Finalmente denuncian que Proinversión ha previsto la ilegal paralización y desactivación de la Empresa Nacional de Puertos –ENAPU- al reducirla mediante un documento de menor jerarquía, a la condición de asociada, sólo con derecho a recibir el 16.7% de las utilidades netas (después de impuestos), que le servirán únicamente para pagar pensiones a sus jubilados.
“Este Contrato de Concesión viola las leyes sobre bienes públicos del Estado, al venderlos subrepticiamente en la modalidad de transferencia, sin una valoración de los activos tangibles y de los intangibles de una empresa en marcha y rentable”.
Finalmente, previenen los dirigentes portuarios, que el Contrato decide el cese colectivo de los trabajadores, bajo la figura de la invitación voluntaria a integrarse a la nueva empresa, con una modalidad coactiva que no toma en cuenta los derechos del trabajador. La modalidad consiste en invitarlos a la renuncia para luego “postular” a la nueva empresa, en condiciones diferentes y por conocerse.
El Presidente Alan García ha intervenido directamente en el proceso, al reunirse el 25 de febrero de este año en Palacio de Gobierno con el Jeque de Dubai, con quien acordaron –dicen los sindicalistas- dar pase a un duopolio en el Callao y compensar a DPW, empresa saudita que opera el Muelle Sur y fue impedida de intervenir en la próxima, inminente subasta.
Fin.
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