Recordando al único gobernante en serio del siglo XX
Escribe: Ismael León Arias
En 1955 tenía 16 años, el próximo debía terminar la secundaria y mis conocimientos de historia del Perú provenían de Pons Muzzo. El país era presidido por el general Manuel Odría, algo que a muchos estudiantes no les alarmaba. Ese verano mi madre decidió visitar a su hermano Moisés en Chiclayo, donde era jefe de maestranza de la hacienda Tumán. Ese viaje significaría para mí el descubrimiento de otro mundo, aquel que la escuela nunca revelaba.
Los dos hijos del tío Moisés, mis primos, vivían en Chiclayo, pero ya no en la hacienda. Iban a Tumán sólo por descanso y con ellos pasé mi última vacación escolar. Volvería a verlos 25 años después casados e ingenieros. Pero aquellos días debían regresar pronto al colegio, en la ciudad. -¿Por qué se mudaron?-, pregunté al tío. “Porque en la hacienda sólo podían estudiar hasta tercero de primaria”. –¿Por qué?, insistí. “Porque aquí no es necesario más”, me respondió Moisés, hombre de confianza de los Pardo, dueños de la azucarera.
Días después, durante una cena familiar, tendría otra sorpresa. Los mayores hablaban del costo de vida y las facilidades que ofrecía “la mercantil”. “Aquí nos ‘habilitan’ con sacos de arroz y de azúcar; además carne, manteca, verduras; y nos descuentan a fin de mes”. Curiosa, como siempre fue mi madre, especuló: “¿El sobre te quedará muy delgado?”. Risas en la mesa. “Carmencita, es que hace años no hay sobre, Moisés ya ni sabe cuánto gana”. Era Isabel, señora de la casa, muerta de la risa.
Averiguaciones posteriores entre primos y amigos de Tumán, más las lecturas de Mariátegui, me confirmaron que el sobre del tío y de todos los campesinos, en la costa como en la sierra del Perú, era inexistente. Y era así porque en el régimen de hacienda el almacén no sólo “habilitaba” arroz y carne; también facilitaba ron, utensilios caseros y lo necesario para vegetar sin salario, con la educación indispensable, no más.
Ese verano continúe mis pesquisas y me enteré que los patrones pedían al capataz chicas “en edad de tener”, no sólo para conocerlas; además podrían conseguir empleo en la casa hacienda o con los ingenieros. -¿Qué piensas tú?, le pregunté a Richard, hijo de otro mecánico y hábil puntero izquierdo de las pichangas mañaneras. “Yo creo que todo esto es una pendejada, primo; los hacendados primero se las tiran y después las llevan a sus casas como sirvientas”.
Cusco, el cuadro completo
Fue Simona Peralta, empleada de la casa en Lima, quien ampliaría mi cultura política. Era de Sicuani, Cusco, había venido a la capital a trabajar, reunir algún dinero, volver a su tierra y reunirse con su pequeña hija, a la que había “encargado”. Por ella supe de los valles de La Convención y Lares; y quién era Hugo Blanco, comunista – asesino según “La Prensa”.
“Buena persona es, la gente lo quiere mucho, dirige las invasiones”, nos reveló Simona, que de paso nos contó que a los 15 años ella había fugado de la hacienda Angostura, de los Romainville, apellido emblemático de aquellos tiempos, gamonal de horca y cuchillo. Un poco a pie otro a lomo de mula, había llegado hasta Sicuani, sólo para cambiar el miedo por la miseria.
-¿Por qué fugaste?, redundamos. “Las familias del dueño se aprovechaban de nosotras, nos abusaban, nos hacían hijos y encima no nos pagaban por trabajar como burros, todos los días; también domingos, pascua, año nuevo, todo sin descanso”.
Años después sabría que la hacienda de Romainville era inabarcable, que tenía una hermosa capilla sobre una montaña erigida por su primer dueño, el Marqués de Valleumbroso, un español que hablaba francés y aprendió quechua para aprovecharse mejor de “sus indios”. A mediados del siglo XX, esa situación se mantenía legalmente en el Perú.
Primera reforma agraria
En 1962, barones del azúcar y gamonales de la sierra se sentían cómodos con el segundo gobierno de Manuel Prado, presidente pro norteamericano, de la familia propietaria del Banco Popular, la compañía de seguros de igual nombre, inmobiliarias, caballos de carrera, los diarios La Crónica y La Tercera, y además socios de firmas mineras y agro-industriales.
Mientras los campesinos del sur emprendían a diario las ocupaciones o tomas de tierras, lo mismo hacían los comuneros del centro en los territorios que les había robado la sociedad agrícola-ganadera Cerro de Pasco. Entre tanto cañeros y algodoneros en la costa debían luchar contra los abusos de los Pardo, Aspíllaga, Gildemeister, Izaga, Larco, Picasso y los Palacios Moreyra, pero con la dificultad adicional de enfrentar al amarillento sindicalismo aprista.
En esas estábamos cuando una Junta Militar interrumpió en sus meses finales el mandato de Prado. La integraban los generales Lindley, Pérez Godoy y Matos y se proponían impedir un fraude que llevaría a la presidencia a Haya de la Torre. Desaprobaban la “convivencia” de apristas, pradistas y odriistas, coalición armada para frenar las reformas que el país exigía. En escena ya estaba Fernando Belaúnde, que en calles y plazas prometía esos cambios. Esperanzada, la clase media votó por él, y en 1963 los militares volvieron a sus cuarteles. Antes dispusieron una reforma agraria piloto en La Convención y Lares, para desactivar ese polvorín.
Talara, la IPC, Velasco
Belaúnde se hizo del gobierno ese año, gracias también a que incorporó en su programa la recuperación del petróleo de La Brea y Pariñas, en Talara, usufructuado por una firma americana, deudora de millones de dólares en impuestos impagos por su antecesora, la London Pacific. “O pagan o recuperamos los pozos en 90 días”, ofreció Belaúnde en campaña. Con esa oferta y la de transformar la propiedad del agro sedujo al país.
Pero llegamos a octubre de 1968 y no se había recuperado una gota de petróleo y los hacendados seguían parapetados en sus feudos. El APRA y la Unión Nacional Odriista, mayoría en el Congreso, actuaban como coraza del feudalismo y también avalaban la supuesta solución petrolera expresada en el Acta de Talara. Luego de cinco años de negociaciones, la IPC había “cedido” al Estado la refinería, pero con la obligación de procesarlo a un precio amarrado. Mientras tanto, los pozos seguirían en sus manos, que además recibirían en la amazonía un millón de hectáreas para exploración. Todo sin pagar un sol de lo adeudado. Fue el detonante..
El 3 de octubre de 1968 la Fuerza Armada, conducida por Juan Velasco, tomó el poder y al día siguiente anuló el Acta de Talara. Antes de una semana, el 9 de octubre, las fuerzas de la I Región Militar ocuparon refinería y oficinas de la Internacional Petroleum, dispusieron el embargo coactivo de sus bienes y comenzó el cobro de la deuda de 690 millones de dólares. Nueve meses después, el 24 de junio de 1969, salió la ley de reforma agraria que, en homenaje a Túpac Amaru, prometió a los campesinos, “el patrón no comerá más de tu pobreza”. Pero esa es otra historia.
Lima, 28 de junio 2008
