Ismael León Arias
¿Puede una empresa extranjera comenzar peor un proyecto minero de largo plazo, que entrando al pueblo montada sobre un gobierno que amenaza a todos con sus pistolas? De algún modo es el caso de Minera Majaz, en Piura, en la cuenca del río Blanco, a tiro de piedra de la frontera con Ecuador.
La respuesta popular a semejante impostura tendrá lugar el domingo 16, cuando la población responda a la consulta pública convocada por las autoridades provinciales de Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, Jaén y los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Tambogrande.
La pregunta a la gente será si aprueba o no la explotación de los minerales del lugar. En otras palabras, si aceptan o rechazan a Minera Majaz S.A., propiedad desde abril de este año de Zijin Consortium, de la República Popular China.
No es necesario consultar a los brujos de las Huaringas por el resultado. Desde ya puede preverse un contundente NO de la población mayoritaria, resentida porque en Lima nadie escucha a sus representantes cuando piden mayores informes y participación en los planes de la minera.
Otra metida de pata
Las cosas se agravaron el fin de semana, cuando el presidente García atribuyó las iras ambientales a los “agitadores comunistas”. El lunes voló a Piura su primer ministro, el bombero mayor Jorge del Castillo, para intentar sin éxito el arreglo del entuerto. Lo que nadie sabe es qué pensó Hiaodong Huang, presidente ejecutivo de Majaz, al escuchar una impertinencia que le recordó sus orígenes.
¿Qué había hecho el Estado desde fines de los 90 y comienzos de este siglo, cuando la inglesa Monterrico Metals exploraba el páramo? Fujimori siguió al pie de la letra el guión que le escribieron, que consistió en alejar al Estado para todos los fines, salvo el de meter palo a los curiosos. Toledo lo continuó durante su gobierno, pero despertando para dar las licencias de exploración. Y lo único que ha hecho García ha sido extender a los chinos la codiciada estabilidad tributaria.
Adicionalmente ha alertado a la policía y desatado un psico-social en regla, con campaña desinformativa incluida y reiteradas amenazas contra las autoridades populares. ¿Puede montarse un escenario más inestable y explosivo?
Por supuesto los pobladores no son caídos del palto. Con ánimo defensivo se organizaron en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, un conglomerado que reúne agricultores, comuneros, dirigentes regionales, alcaldes, curas y gobernadores. Palacio de Gobierno no tardó en definirlos como los malos de la película, a quienes había que ningunear o maltratar.
¿Por qué el encono del régimen? ¿Qué han hecho los piuranos que no sea buscar información sobre un asunto en el que se les va la vida? ¿Tan malo es demandar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuente con su participación? La conducta del presidente del Jurado Nacional de elecciones no ha podido ser peor. Como una rabona cualquiera, descalificó sin argumentos la consulta del domingo.
Perro y gato juntos
En la búsqueda de perspectivas debe destacarse que ingenieros y expertos consultados, recuerdan que la actividad minera del siglo XX o XXI, no es ni de lejos comparable con la del siglo XIX. Esto se pudo ver durante la XXVIII Convención Minera que se inició el lunes en Arequipa.
-2-
Allí se mostró que la minería de estos tiempos cuenta con tecnologías sorprendentes, que hoy permiten que los antiguos perros y gatos (en agricultura y
socavones), desarrollen cada cual sus actividades en zonas contiguas, sin que la primera resulte afectada por la segunda.
Por supuesto el problema no consiste sólo en arriesgar elevadas inversiones. Todos coinciden en que se requiere mineros que respeten al hombre y el medio ambiente, así como las normas creadas para preservarlos. Digamos, la otra cara de Doe Run, en La Oroya, o los Gubbins en Casapalca. Finalmente, para completar el cuadro, siempre será imprescindible un gobierno digno de ese nombre.
Mercado o regulación
Volviendo a Majaz, un abogado especializado dijo a este periodista que con el marco jurídico actual el conflicto puede resolverse sin intervención del gobierno, si después de la consulta del domingo la empresa dialoga con el FDSFNP y llegan a un acuerdo.
Si no es así, como todo lo indica, será necesario que el gobierno entre a tallar, tal como ya ha empezado a hacerlo. Uno de los nudos más gruesos y enredados que encontrará será el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en marcha, cuestionado por los paisanos que dudan de su legitimidad.
En este caso un facilitador del diálogo podría proponer un nuevo EIA con participación de las poblaciones, y que se amplíe a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca. Los costos podrían financiarse con el Fondo Privado de 80 millones de dólares, que Majaz ofreció hace poco a los comuneros de Yanta y Segunda y Cajas.
Si el estudio revela que la contaminación ambiental será tan inevitable como dañina para el hombre, las aguas y los bosques, e inmanejable para la empresa, ésta deberá retirarse de Río Blanco sin reclamar un centavo al Estado peruano. Esta opción es negada por técnicos y especialistas que han manejado explotaciones más complicadas que la de Río Blanco.
El final feliz
Por el contrario –abundó el mismo consultor- si el EIA prevé apenas mínimos grados de contaminación, que podrían ser absorbidos con modernas tecnologías, la firma comprometerá inversiones necesarias para garantizar esa producción “limpia”. Adicionalmente -y tal como se había acordado con Monterrico Metals- la empresa deberá invertir en protección y conservación de los bosques –inclusive de aquellos que no sufrirán extracción del mineral -para asegurar el flujo de agua. Además, por supuesto, de la apertura de un centro médico, escuelas y la carretera, en cuyo paralelo se construirá el minero- ducto subterráneo.
Finalmente el gobierno central deberá declarar zona de reserva los territorios ubicados entre las cuencas de los ríos Blanco, Chira y Chinchipe, y legislar para que las autoridades regionales y municipales participen en la asignación del canon.
Hay un menú con soluciones de mercado y otro de regulaciones estatales. En el primer caso empresa y comuneros compartirán la responsabilidad y el Estado se limitará a cobrar impuestos y distribuir el canon. En los otros regulará la actividad por razones de necesidad pública. Y en esta regulación deberá incluir los límites permisibles de contaminación.
Hoy todos están lejos de ese escenario.
13 de setiembre 2007
