Publicado por Ismael Leon en 31 Julio, 2007
Escribe Ismael León Arias
Llama poderosamente la atención que las salas limeñas aún no hayan exhibido el anunciado documental Syko, de Michael Moore, un film que compara al sistema privado de salud impuesto en Estados Unidos, con los que operan en Canadá, el Reino Unido, Francia y Cuba.
El trabajo de Moore es de una eficacia demoledora. Después de hora y media, no pueden quedarle dudas al espectador sobre lo que ha visto. El film atiende fielmente los requisitos del género, con una minuciosa investigación, amplitud y variedad en las personas consultadas y un nervioso manejo de cámaras.
Dicho esto aclaro que no pretendo hablar de cine, como entiendo que Michael Moore, con Syko, no se propuso ganar un Oscar. Me queda claro que su intención fue mostrarles a sus paisanos y al mundo la postración de su sistema de salud, operado con los métodos del crimen organizado.
Hoy sabemos que cincuenta millones de norteamericanos no tienen acceso posible a los sistemas privatizados de salud. Y los 250 millones que pagan por esos servicios, son muchas veces engañados, esquilmados y en muchísimos casos asesinados, porque la lógica del sistema es maximizar ganancias y reducir atenciones.
Nada de lo expuesto está en boca de Moore ni de un ideólogo afiebrado. En el film hablan personas de carne y hueso, incluidos dos bomberos nuevayorquinos enfermos a partir de su esforzada faena del 11 de setiembre, que les valió menciones honrosas, discursos en la televisión y luego el olvido.
Nada es casual en la historia nos dice el documental. La matanza organizada de americanos comenzó el 17 de febrero de 1971, cuando el presidente Richard Nixon conversó por teléfono con su asesor Edgard Keiser. “Déjame preguntarte, tú sabes que yo no sé mucho de esos malditos programas de salud”, confesó el mandatario, en sus maquinaciones previas a la privatización del sistema americano.
Allí desfilan Ronald Reagan, Hilary Clinton, un lúcido parlamentario inglés llamado Tony Benn, numerosos asegurados de Estados Unidos, Toronto, Londres, París y bomberos de La Habana, quienes finalmente atienden y alivian a sus colegas americanos, a los que consideran como parte de una sola familia.
Me dirijo a los comentaristas especializados y columnistas políticos, porque la ausencia de Syko en las salas peruanas podría ser parte de la auto censura de los circuitos comerciales, que ya en Estados Unidos consiguieron parcialmente su propósito, cuando Disney World renunció a su compromiso como distribuidor, obligando a Moore a contratar empresas menos experimentadas.
Esta película debería ser exhibida y no sólo en las salas comerciales, también en las escuelas, universidades y en cuanto circuito popular exista en territorio nacional. Porque la idea de privatizar el maltratado sistema de salud pública y los retazos de la seguridad social, no ha desaparecido de la cabeza de los Rafael Rey que ahora operan desde el gobierno, quienes únicamente esperan otra oportunidad como la que les ofreció Alberto Fujimori para volver a las andadas.
Lima, 31 de julio 2007
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Publicado por Ismael Leon en 25 Julio, 2007
Por Ismael León Arias
El actual ministro de Economía de Perú, Luis Carranza, un burócrata liberal de perfil usualmente bajo, de pronto se presentó a fines de la semana pasada en una conocida radio limeña, para decirle a la opinión pública local e internacional, que la actual crisis social y las masivas protestas callejeras, obedecen a “una crisis de expectativas”.
La primera sorpresa fue que el alto funcionario salga a un medio de comunicación para responder preguntas de los periodistas. Carranza es callado, siempre reacio a explicar su programa económico, que ha continuado el proyecto fujimorista, eliminando subvenciones a los más pobres y disminuyendo los presupuestos de educación y salud, pero a la vez cuidándose de preservar las exoneraciones tributarias a las transnacionales mineras y petroleras.
Los periodistas que conocen de cerca al presidente Alan García, presumimos que ha empujado a su ministro a enfrentar a los medios, para no seguir en solitario, en la cresta de una ola de protestas de maestros, mineros, agricultores de hojas de coca, inclusive de empresarios regionales de la Amazonía, afectados por el borrón de un paquete de exoneraciones tributarias.
Si confirma así que el presidente García Pérez está muy preocupado por su caída de aceptación en las encuestas, que esta semana registró menos diez puntos, en relación con el último trimestre 2007, precisamente ahora, pocos días antes de cumplir un año de su segundo gobierno.
El error del ministro Carranza es creer que a los pobres únicamente les indigne no percibir los beneficios del crecimiento, que el año pasado fue de un espectacular ocho por ciento del PBI, siguiendo así una corriente heredada desde el fujimorismo y que atravesó los cinco años de Alejandro Toledo.
Según múltiples analistas, la opinión pública rechaza en calles y plazas que el presidente no cumpla con sus promesas de candidato. Mejor dicho, que esté haciendo exactamente el revés de lo que ofreció durante su campaña electoral, algo que ya han padecido quince años atrás, durante los gobiernos del japonés prófugo y de Alejandro Toledo.
Además el Perú sigue hundiéndose en la corrupción pública. En el Congreso el APRA encubre delitos de sus legisladores; el poder judicial es uno de los más ineptos, con elevado registro en la compra-venta de jueces y fiscales; la fuerza armada sigue manejándose por prepotencia, como imponer la censura con aval presidencial a un joven caricaturista. Y todo esto mientras la gran prensa limeña mira a otro lado.
De modo que el pueblo peruano no sólo ve pasar el tren del crecimiento con unos pocos adentro, sino que en sus coches observa a los ricos de siempre, con juguetes tan inútiles como lujosos, como las ominosas camionetas cuatro por cuatro, que cada día recorren las calles limeñas llevando a sus pequeños hijos al colegio y a sus esposas de compras a los grandes almacenes.
Esto es lo que no comprenden el presidente Alan García y sus ministros. Han pasado quince años desde que Alberto Fujimori dio un golpe de estado contra la democracia e inauguró una política económica que arrasó y golpeó fuertemente antiguos derechos, como la seguridad social, la jubilación, las vacaciones y las regulaciones laborales. Pero lo hizo en medio de las promesas de un futuro mejor que nunca llegó, algo que el actual gobernante continúa ofreciendo. A tal punto está llegando la crisis social, que el vaticinio del ex-candidato nacionalista Ollanta Humala, de que el presidente García no cumplirá los cinco años de su mandato de gobierno, tiene cada vez más seguidores, como se puede observar en los carteles que exhiben los manifestante callejeros.
Y es que ahora el hombre que hace un año juraba ofertas de un mejor futuro y respeto a los educadores, hoy les dice “comechados” a través de la prensa, protegido por el ejército al que ha convocado para que acompañe a la policía en su accionar amenazante y represivo.
Así pues el reto está lanzado y la pregunta en las calles no es cuándo se jugará el presidente para cumplir sus ofrecimientos electorales, sino si llegará al 2011 en el Palacio de Gobierno.
29 Julio 2007
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