Por Ismael León Arias
La congresista Gloria Helfer anunció hace un par de semanas que ya tiene listo un nuevo proyecto de ley de educación, que reúne varios similares de sus colegas parlamentarios. La idea está en la agenda del Congreso, en momentos que el propio ministerio ha admitido que hay una pobreza intelectual espantosa entre niños y jóvenes, algo que se arrastra desde los tiempos del fujimorato.
Sería una buena nueva sino fuera porque desde que tengo memoria, cada cierto tiempo, escucho de las autoridades que es necesario cambiar la ley de educación. Y efectivamente, cada diez o quince años, cambian la ley, los currículos, los libros y los discursos, es decir los instrumentos, las formas. Pero en las aulas los cambios no se perciben significativamente, mientras la opinión pública tiene la impresión que mientras más ensayos han sido intentados, más ha retrocedido el conocimiento en las escuelas.
Ocurrió en 1972 con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Lanzaron por todo lo alto una reforma que en su tiempo fue considerada audaz, promulgada en el marco de otras leyes dirigidas a revolucionar la economía y la sociedad peruanas. Cambios previos hubo en la tenencia de la tierra; en los vínculos laborales; en la propiedad empresarial y en las relaciones internacionales.
Directivos de los maestros fueron invitados a tomar parte, pero rehusaron y se opusieron. El SUTEP –Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana- negó su concurso.
El segundo impulso de la última parte del siglo XX llegó en los 80. Restauró elementos del anterior sistema, como devolverle cierta autonomía a las escuelas y quedó hasta nuestros días. Si alguna característica tuvo, que lo emparentó con el intento de los militares, fue su concepción centralizada, contradictoria con algunos procesos beneficiosos ya inaugurados en el interior, como las escuelas bilingües. Nuevamente el SUTEP se negó a participar de los cambios, levantando la única bandera que tiene, es decir el aumento de sueldos.
Fue durante la década de Fujimori que se comenzó a tallar la llamada “modernización educativa”. La construcción masiva de escuelas hechas en desorden y a la carrera fue una constante de ese régimen, cuyos postulados se sustentaban en la idea de que no se podía educar si de por medio no había mucho cemento y madera. Los ministros fueron escogidos con la absurda condición de no estar vinculados con la educación. Se habló de la nueva estructura curricular básica en el primer ciclo y los dos primeros grados. Y en 1999, cuando el régimen hacia agua por todas partes, se extendió esta nueva estructura a toda la primaria.
Al fin de cuentas
Los resultados no se hicieron esperar, aunque recién supimos la hondura de la crisis a principios del 2000. Un informe del ministerio, revelado durante el gobierno de transición, pasmó a la opinión pública. En una prueba de conocimientos a escala latinoamericana, organizada dos años antes por una rama de la UNESCO, los estudiantes peruanos de tercer y cuarto año de primaria habían quedado relegados al último lugar en matemáticas y al antepenúltimo en lenguaje. El gobierno de Fujimori intentó ocultar su clamoroso fracaso y durante un tiempo pidió y obtuvo que se embargue la información, para finalmente ocultarla a los peruanos.
El escenario dejó al descubierto la pobreza que se vive al interior de las escuelas, pobreza que no alude exclusivamente a carencias materiales. Uno de los dramas que puso en evidencia esa debacle es que no hay democracia en la escuela peruana, ausencia que se expresa en falta de diálogo entre educadores y alumnos, entre educadores y padres de familia, entre la escuela y su entorno. Y si la escuela peruana no enseña democracia en su práctica cotidiana, no se ve cómo podemos esperar que los ciudadanos de mañana aprecien este sistema político, que cada día es absolutamente negado en las aulas.
La pregunta que se desprende es por qué los peruanos no hemos sabido dar a nuestros hijos una educación descentralizada, democrática, moderna a la vez y útil para el trabajo y para la vida. La primera respuesta que nos viene a la mente es que antes tendríamos que haber sabido darnos gobiernos con esas características, para contar hoy con un sistema educativo del que podamos sentirnos orgullosos. En eso estamos en el 2002.
Descentralizar es globalizar
Nos encontramos hace ya veinte años en tiempos de globalización. Y hace cien años en la era del conocimiento. La escuela debería ser el lugar donde cada día maestros y alumnos aprecien las ventajas, desventajas y exigencias de la globalización, tanto como los riesgos y beneficios de la descentralización. Sin dogmas ni anteojeras.
Adentrados en este terreno, no vemos por qué la escuela pasa por alto temas afines como empresa y competitividad; negocios e innovación tecnológica. ¿No son acaso estos temas los que preocupan cotidianamente a hombres de Estado y empresarios, tanto a tecnócratas como investigadores? ¿Puede pensarse por un momento que el niño estudiante de hoy podrá enfrentar mañana el exigente mercado laboral si su mente no asume desde ya la mejora tecnológica constante y la superación personal permanente, como un modo de vida?
En cuanto a los maestros. ¿Puede cambiarse algo en la educación sin cambiarlos por lo menos parcialmente? ¿Por qué no se incorpora a las tareas de la enseñanza a otros profesionales como médicos, ingenieros, historiadores, biólogos, artistas o periodistas? ¿Por qué el SUTEP tiene el monopolio de la enseñanza de nuestros hijos?
He leído los documentos preparatorios de la nueva reforma y me he quedado francamente decepcionado. Ninguno de estos temas aparece por ningún lado. ¿Cómo confiar entonces en algo que parece más de lo mismo?
Lima, 24 de junio 2002
